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Se aprobó el desafuero de un diputado del partido justicialista

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El diputado Alfredo Amín fue desplazado de su banca acusado de cobrar sobreprecios por la venta de productos de su comercio a la Gendarmería Nacional. El legislador aprobó su propio desafuero y confirmó las acusaciones en su contra

San Luis POST
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Se aprobó el desafuero de un diputado del partido justicialista
Alfredo Amín votó a favor de su propio desafuero y se puso a disposición de la Justicia
Vie 20 de abril de 2018


Hoy, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió quitarle los fueros al diputado provincial del partido Justicialista, Alfredo Amín, quien está acusado de cobrar sobreprecios por la venta de productos de su comercio a la Gendarmería Nacional.

Por decisión unánime, los legisladores aprobaron el desafuero del diputado Amín, representante del departamento cordillerano de Calingasta, que había sido solicitado la semana pasada por el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo.

Amín fue desplazado de su banca por 33 votos, que incluyeron el propio, ya que en el momento de votar también el diputado levantó la mano para aprobar su propio desafuero.

"Todo lo que se hizo estuvo dentro del marco de la ley y no tengo problema en ponerme a disposición de la Justicia”, dijo Amín, quien a partir de ahora deberá responder ante la Justicia por las acusaciones que pesan en su contra.

El diputado, socio gerente del “Supermercado Don Pocholo SRL”, de Calingasta, es investigado junto a otros 9 comerciantes por cobrar sobreprecios y facturar mercadería que no se habría entregado al Escuadrón 26 de la Gendarmería Nacional y al Centro de Formación Félix Maniflor de aspirantes, que funciona en el departamento cordillerano.

La maniobra, que se habría producido durante 2013 y 2014, fue confirmada por el propio legislador. Este reconoció que cobraban entre un 40 y un 50 por ciento de sobreprecio “porque el Estado se demoraba en pagar”.

Este sobreprecio que pagó Gendarmería Nacional significaría, según los cálculos de la Justicia, un perjuicio a las arcas nacionales por un total de 6 millones de pesos.

El caso salió a la luz en 2014 cuando Gendarmería (Córdoba), denunció al comandante principal Darío Barco, por entonces al frente del Centro de Formación, y el segundo comandante Jorge Castro, ex titular del área que maneja las finanzas del Escuadrón y del instituto, por las irregularidades.

Fuente: Télam

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