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Citan a indagatoria a la intendenta de Nogolí por fraude electoral

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Claudia Pinelli es acusada de entregar boletas marcadas a electrones inscriptos en planes sociales. Tenían un número que identificaba a la persona y el beneficio prometido 

 

San Luis POST
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Citan a indagatoria a la intendenta de Nogolí por fraude electoral
Las boletas se encontraban marcadas
Lun 12 de noviembre de 2018


La Justicia Federal llamó a indagatoria al a intendenta de la localidad de Nogolí Claudia Pinelli, a los fiscales de mesa del Frente Unidad Justicialista Nancy Escudero y Nicanor Amieva por el delito de fraude electoral.

La Justicia los investiga por entregar votos marcados a los beneficiarios de planes sociales.  Las boletas se encontraban identificadas con un código conformado por una letra y un número. De este modo se podía identificar a las personas que habían realizado el sufragio y si el mismo era para los Rodríguez Saá. 

El fiscal Federal, Cristian Rachid fundamentó la requisitoria a indagatoria: “lo que hizo la fiscalía es imputar tres casos de electores, supuestamente, compelidos a votar de determinada manera. Si votaba (a Unidad Justicialista) se le daría el plan y si no votaba no se le daba”.

El procedimiento, ilegal, fue descubierto antes de la realización de los comicias del 22 de octubre y denunciado por el Frente Avanza y Cambiemos ante la Justicia Federal con competencia electora. 

Amieva y Escudero serían los brazos ejecutores de la maniobra como fiscales de mesa. Desde su rol controlaban la asistencia de los votantes y luego corroboraban en el recuento que “aparecieran” los votos marcados.

Los votos se encontraban marcados según el beneficio que se prometió: la letra “P” correspondían al Plan de Inclusión Social, la “M” a los merenderos, la “B” a becas, “PB” a Pañuelos Blancos, la “H” Hospital y “AS4” a otro plan social.

Luego de la letra había un número que identificaba a la persona. Al contabilizar las boletas se podía vislumbrar quienes habían votado a favor del PJ.

El delito que se les atribuye podría contempla una pena de hasta tres años de prisión y hasta 10 de privación de derechos políticos.

 

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